Desde la Federación de organizaciones sindicales revolucionarias de Brasil (FOB), nos informan de que el pasado 17 de julio se publicó la sentencia de los 23 activistas perseguidos por participar en las manifestaciones populares de 2013 y 2014 en Rio de Janeiro. El juez Flávio Itabaiana, del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro, condenó a la mayoría de ellos a siete años de cárcel. Los crímenes que se les acusa son: daño a la propiedad pública y privada, lesión corporal, asociación criminal y corrupción de menores (por estar presentes en las movilizaciones personas menores de edad).
Esta criminalización de las luchas y resistencias del pueblo asumieron una nueva etapa en el contexto del Levantamiento de la clase obrera en Junio de 2013 y en las okupas que se siguieron, como Ocupa Câmara, Ocupa Cabral y Não vai ter Copa [No habrá Mundial]. El Levantamiento popular de junio de 2013 contra el reajuste de las tarifas de transportes públicos incorporó otras reivindicaciones como: el derecho a la ciudad, contra la precarización de los servicios públicos, salud y educación y contra la remodelación de favelas y ocupaciones populares – llevando a millones de personas a las calles.
Las respuestas de las autoridades públicas fueron la violenta represión y criminalización de las protestas. Centenas de personas fueron presas, incluso quien ni siquiera participaba de las manifestaciones. El número de heridos fue incalculable y 11 habitantes de la favela de Maré fueron ejecutados por el BOPE [Batallón de operaciones policiales especiales]. Rafael Braga, joven negro habitante de la Vila Cruzeiro, fue preso en el día 20 de junio de 2013, sin haber ni siquiera participado de ninguna manifestación, y sentenciado por “porte de material explosivo”, pero lo que tenía eran productos de limpieza.
Las medidas represoras pretendían los siguientes objetivos: 1) ampliar la represión, encarcelamiento y el aniquilación de aquellas fracciones proletarias consideradas potencialmente más peligrosas: el pueblo negro y la juventud de las periferias y favelas; 2) criminalizar y condenar a todas las formas de lucha y resistencia del pueblo; 3) anticipar y reprimir, como medida de contra-insurgencia, nuevos levantes del proletariado marginal.
Como puede comprobarse, no se trata solamente de una sentencia de 23 individuos, pero sí de una condena contra el conjunto de medios y formas de lucha históricos del pueblo. Es la condena de las ocupaciones, de las acciones directas, de la autodefensa del bloque negro, del cuestionamiento de los poderes constituidos, en fin, de la rebeldía popular. Para las clases dominantes, luchar es un crimen!
¡Viva la lucha y la insurrección popular! ¡Por la absolución de los 23 militantes!
¡Por la libertad y absolución! ¡Osar luchar, osar vencer!
Secretariado Permanente de la CGT
Madrid, 18 de agosto de 2018
